THE LATIN VOX (06 de Diciembre de 2025).- Por Daniela Medina.
En un momento clave para los derechos de los pueblos originarios en Canadá, un tribunal federal ha tomado una decisión histórica: reconocer que el gobierno canadiense puede tener una obligación legal de garantizar vivienda adecuada a comunidades indígenas que viven en reservas. La decisión abre paso para un juicio colectivo una demanda colectiva (class action) encabezada por las St. Theresa Point First Nation y Sandy Lake First Nation, en nombre de decenas de otras comunidades.
Un litigio en expansión: qué comunidades integran la demanda
La demanda colectiva fue presentada formalmente en 2023, y en abril de 2024 la Federal Court of Canada certificó la acción, permitiendo que proceda como un “class proceeding” (acción colectiva).
La “clase” incluye tanto individuos como comunidades (“bandas” o First Nations) que viven en reservas remotas donde las viviendas administradas por la comunidad presentan problemas graves: hacinamiento (falta de dormitorios), necesidad de reparaciones estructurales importantes, instalaciones defectuosas, y riesgo para la salud y seguridad de sus habitantes.
La lista de comunidades potencialmente afectadas es amplia: incluye además de St. Theresa Point y Sandy Lake decenas de otras First Nations en varias provincias, lo que convierte esta demanda en un caso nacional.
Qué reconoció el tribunal: obligaciones del Estado vs. abandono histórico
La semana pasada, la corte emitió su primer fallo de fondo: según la resolución firmada por el juez asignado al caso, el Estado canadiense sí “debe” asegurar vivienda adecuada en las reservas. En lenguaje técnico, ello significa que Canadá tiene obligaciones fiduciarias “sui generis” y “ad hoc”, así como un “duty of care” (deber de cuidado) bajo derecho común. Además, el fallo señala que están implicados derechos constitucionales garantizados por la Canadian Charter of Rights and Freedoms incluyendo los que protegen la igualdad y la seguridad personal.
Este reconocimiento formal marca un precedente: nunca antes se había admitido en los tribunales canadienses que estas obligaciones existieran, lo que podría transformar la política de vivienda en reservas y la manera en que el Estado asume responsabilidades históricas.
El trasfondo — décadas de abandono y condiciones indignas
La demanda no surge de la nada. Numerosos informes, investigaciones periodísticas y auditorías independientes han denunciado por años que muchas viviendas en reservas indígenas están en condiciones deplorables: techos con goteras o que se hunden, madera podrida, moho, sistemas eléctricos o sanitarios defectuosos, inundaciones, hacinamiento, mala ventilación, lo que ha generado enfermedades respiratorias, enfermedades crónicas y un deterioro de la calidad de vida
En el caso de la St. Theresa Point First Nation una comunidad remota en Manitoba, se denunció que cerca del 25 % de las viviendas deberían ser declaradas inhabitables. En Sandy Lake, en Ontario, más de la mitad de las casas requieren reparaciones mayores.
Líderes comunitarios y miembros afectados han expresado que estas condiciones ponen en peligro la salud de sus familias, limitan su dignidad y perpetúan la marginación histórica. “Queremos que nuestros hijos tengan una vivienda mejor de la que nosotros hemos sufrido”, declaró una habitante durante manifestaciones en apoyo a la demanda colectiva.
Qué reclaman los demandantes: reparación, compensación y cambio estructural
La demanda solicita al gobierno canadiense una compensación que ascendería a aproximadamente 5.000 millones de dólares canadienses, así como un mandato judicial para que garantice vivienda digna, segura y adecuada en las reservas.
Además, los demandantes piden que se reconozca el derecho colectivo a vivienda de calidad, con opciones de reparación, reconstrucción y mejoras estructurales, de modo que se revierta lo que han descrito como décadas de abandono sistemático.
Repercusiones potenciales: un cambio de paradigma para Canadá
Si la demanda sigue adelante y sobre todo, si los tribunales fallan a favor de las First Nations, podría marcar el inicio de una nueva era en la relación entre el Estado canadiense y sus pueblos originarios. Un fallo favorable implicaría:
- Un reconocimiento explícito de obligaciones estatales hacia pueblos indígenas, reforzando derechos fundamentales.
- Posibles inversiones masivas en infraestructura de vivienda en reservas, con mejoras reales en calidad de vida.
- Una presión renovada sobre las autoridades para reformar sus políticas de vivienda y desarrollo comunitario.
- Un precedente legal que podría extenderse a otros derechos esenciales (agua potable, saneamiento, servicios básicos).
Para las comunidades afectadas, representa una esperanza concreta de justicia o solo simbólica, sino material después de décadas de negligencia, promesas incumplidas y marginación.
¿Qué sigue? Segunda etapa: demostrar que esas obligaciones fueron violadas
El fallo actual corresponde a la primera etapa de la demanda colectiva: la corte reconoció la obligación del Estado de garantizar vivienda adecuada. La siguiente fase la “etapa dos” consistirá en que los demandantes demuestren que esa obligación fue incumplida: con pruebas de las pésimas condiciones de viviendas, el impacto en salud, bienestar, dignidad, y los efectos estructurales del abandono.
Ese proceso podría demorar varios meses o años y no hay garantía de que termine en un fallo favorable o en compensaciones. Pero muchos analistas describen la decisión reciente como un “hito judicial”: por primera vez, un tribunal acepta que el gobierno tiene deberes constitucionales hacia las viviendas de First Nations.
Una deuda histórica pendiente: justicia, dignidad y derechos
Esta demanda colectiva evidencia un reclamo recurrente en la historia de Canadá: la reparación de injusticias estructurales hacia pueblos originarios. Que una corte reconozca obligaciones concretas —no caritativas, sino legales implica reconocer que la precariedad en las reservas no es una desgracia inevitable, sino un fallo del Estado.
Para miles de familias en Manitoba, Ontario y otras provincias, esta batalla judicial representa una oportunidad concreta de dignidad, reparación y futuro.
Para Canadá como país, significa enfrentar una deuda histórica: transformar leyes, políticas y recursos para cumplir no con favores, sino con obligaciones.
Fuente:www.cbc.ca
Foto: www.cbc.ca