THE LATIN VOX (8 de febrero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
Un juez federal en Estados Unidos ha emitido una orden judicial temporal que impide al «departamento de eficiencia gubernamental» (Doge) de Elon Musk acceder a registros sensibles del Departamento del Tesoro.
La decisión llega en respuesta a una demanda presentada por 19 fiscales generales demócratas, quienes acusan a la administración de Donald Trump de conceder acceso a estos datos en violación de la ley federal.
El juez de distrito Paul A. Engelmayer concedió la medida cautelar el sábado temprano, argumentando que los datos en cuestión incluyen información personal y financiera de millones de estadounidenses, como números de seguridad social y cuentas bancarias. Además, ordenó la destrucción inmediata de cualquier copia de la información obtenida desde el 20 de enero.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, destacó que el acceso del equipo de Musk al sistema de pagos del Tesoro representa un riesgo para la seguridad financiera y podría derivar en bloqueos ilegales de fondos federales. «Este grupo no electo, liderado por el hombre más rico del mundo, no está autorizado a manejar esta información», afirmó James en un mensaje de video.
Doge fue creado con el objetivo de eliminar lo que la administración Trump considera gasto gubernamental innecesario. Sin embargo, el acceso del equipo de Musk a registros financieros ha generado preocupación entre críticos que alertan sobre su creciente poder. Por otro lado, sus seguidores lo ven como una estrategia para reducir gastos del gobierno.
Musk ha ridiculizado las críticas en su red social X, asegurando que Doge está ahorrando millones a los contribuyentes. Sin embargo, los fiscales generales argumentan que la intervención de Doge en el sistema del Tesoro podría vulnerar la separación de poderes y exceder la autoridad legal del Departamento del Tesoro.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también ha sido señalado en la demanda por modificar políticas de protección de datos para facilitar el acceso de Doge a los sistemas de pago.
Mientras tanto, legisladores demócratas han solicitado una investigación sobre la legalidad del acceso de Doge a los registros financieros.
Además, sindicatos y grupos de defensa han iniciado una demanda separada para bloquear la revisión del sistema de pagos, lo que llevó a otro juez en Washington a restringir temporalmente el acceso a dos empleados con privilegios de «solo lectura».
El caso seguirá desarrollándose con una audiencia programada para el 14 de febrero, en la que se evaluará el impacto legal y político de las acciones de Doge y la administración Trump.
Crédito fotográfico: Will Oliver/EPA