THE LATIN VOX (4 de febrero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La administración de Donald Trump ha dado un paso polémico al iniciar vuelos de deportación de inmigrantes indocumentados desde Estados Unidos hacia la base naval de Guantánamo Bay, en Cuba. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el martes que al menos dos vuelos de deportación se encuentran «en marcha», pero los detalles sobre la operación aún son escasos.
Este anuncio ha generado una gran cantidad de críticas y preocupaciones sobre la legalidad y las implicaciones humanitarias de la medida.
Según informes del Wall Street Journal, uno de los vuelos partió desde Fort Bliss, Texas, y llevaba a bordo a un grupo de inmigrantes detenidos en Estados Unidos sin documentos válidos. CNN posteriormente reveló que uno de los vuelos transportaba «aproximadamente nueve o diez» personas, aunque su nacionalidad permanece sin confirmar.
La decisión de deportar a inmigrantes indocumentados a una instalación militar en una base naval ha desconcertado a muchos, dada la naturaleza controvertida de Guantánamo, conocido internacionalmente por albergar a prisioneros considerados «combatientes enemigos» y a personas detenidas sin juicio desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Para Trump, sin embargo, Guantánamo representa una «solución» a la sobrepoblación en las cárceles de inmigrantes, y la base podría albergar hasta 30,000 personas, según sus declaraciones.
El presidente estadounidense subrayó que algunos de los inmigrantes deportados son «tan peligrosos» que ni siquiera confía en los países de origen para retenerlos, y que su estrategia busca evitar que los deportados regresen a los Estados Unidos.
«Vamos a enviarlos a Guantánamo, esto duplicará nuestra capacidad inmediatamente», afirmó Trump la semana pasada al firmar una orden ejecutiva para preparar un gigantesco centro de detención en la base militar.
La reacción internacional no se ha hecho esperar. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció aceptar inmigrantes indocumentados de cualquier país, incluidos los ciudadanos estadounidenses encarcelados, lo que fue celebrado por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
Bukele señaló que su país no se oponía a la repatriación de inmigrantes de diversas nacionalidades, incluidos criminales ilegales, que serían enviados a las prisiones salvadoreñas. Sin embargo, este acuerdo ha generado polémica, ya que algunos países, como Venezuela y Colombia, también han aceptado repatriaciones, pero los detalles y las condiciones de estas operaciones aún no se clarifican.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por la legalidad de estas deportaciones, sobre todo cuando los deportados no provienen de los países que han acordado recibirlos. La inquietud se centra en la posible violación de derechos humanos y en el trato desigual que los inmigrantes podrían recibir en las naciones receptoras.
«Esto es un teatro político y parte del esfuerzo más amplio de la administración Trump para pintar a los inmigrantes como amenazas», señaló Eleanor Acer, directora de protección de refugiados en Human Rights First, quien advirtió que esta medida alimenta el sentimiento antiinmigrante en el país.
La base de Guantánamo ha sido descrita por críticos como el «gulag de América», una prisión de alta seguridad que ha albergado a prisioneros de guerra y personas detenidas sin cargos, a menudo durante años.
Usar esta instalación para alojar a civiles deportados de EE. UU. aumenta la percepción de que la administración Trump ve a los inmigrantes como enemigos y peligrosos, en lugar de seres humanos que merecen un trato digno y justo.
Mientras tanto, algunos miembros del Congreso, como el senador Rubio, han señalado que se deben estudiar los aspectos legales de estas deportaciones y que, aunque no se descartan acuerdos con otros países, la política migratoria de EE. UU. debe ajustarse a la Constitución.
Sin embargo, el creciente número de deportaciones a Guantánamo y otras naciones plantea preguntas sobre el futuro de la política migratoria estadounidense y los límites de la autoridad presidencial en cuestiones de derechos humanos.
A medida que avanza este controversial plan de deportaciones, la pregunta que queda es si realmente se trata de una medida para mejorar la seguridad nacional o si, por el contrario, estamos ante una estrategia que busca alimentar las tensiones políticas y sociales, contribuyendo a una imagen cada vez más polarizada de los inmigrantes en la sociedad estadounidense.
Crédito fotográfico: Voice of America (VOA)