En Canadá, el sistema de libertad de información está en crisis. A pesar de ser uno de los primeros países en implementar leyes de acceso a la información hace 40 años, hoy enfrenta serias deficiencias. El principio fundamental detrás de estas leyes es que la información en manos del gobierno pertenece al pueblo y que los ciudadanos deben poder acceder a ella para participar en la sociedad y tomar decisiones informadas. Sin embargo, la realidad actual es muy diferente.
Robyn Doolittle, periodista de investigación, ha revisado cientos de casos que ilustran las frustraciones y obstáculos que los canadienses enfrentan al intentar acceder a información pública. Algunos ejemplos:
Cornwall, Ontario: Un desarrollador se sorprende al descubrir que sus permisos de construcción están siendo denegados. Presenta una solicitud de acceso a la información para obtener copias de los registros de la ciudad sobre él o su empresa. Sin embargo, se le informa que debe pagar una tarifa de procesamiento de 1,963.50 dólares. Cuando finalmente recibe los documentos, la mayoría está censurada.
Saskatoon: Una mujer quiere conocer el resultado de una investigación policial en la que fue denunciante. Solicita su declaración de testigo y copias de los correos electrónicos que proporcionó como evidencia. La policía se niega a liberar estos registros sin censura, alegando preocupaciones de privacidad, ¡a pesar de que ella misma los proporcionó!
Organización de Protección de la Vida Silvestre: Duda de la afirmación del gobierno de Alberta de que es necesario sacrificar a decenas de caballos salvajes para prevenir daños ecológicos. Solicitan los registros que respaldan esta afirmación y se les dice que deben pagar a la asociación de ganaderos por una copia. El costo: 110,022.15 dólares.