En una decisión que ha generado controversia, la Ministra de Salud de Ontario, Sylvia Jones, se niega a divulgar la cantidad de dinero que siete pacientes en la provincia han sido multados por no aceptar traslados desde un hospital a un hogar de cuidado a largo plazo que no es de su elección. Esta medida se enmarca en la Ley 7, promulgada en 2022, que requiere que los hospitales impongan multas de 400 dólares al día a los pacientes que pueden ser dados de alta pero necesitan atención a largo plazo y se niegan a ir a un hogar de ancianos seleccionado para ellos por un coordinador de colocación.
Hasta hace poco, el gobierno afirmaba no estar al tanto de ninguna multa impuesta, pero un portavoz de Jones reveló la semana pasada que siete personas habían sido multadas, ya que Ontario Health no había estado transmitiendo esa información. Desde entonces, las solicitudes diarias de The Canadian Press al ministerio para conocer el monto total de las multas que enfrentan estas siete personas han sido ignoradas. Cuando se le preguntó nuevamente sobre este tema, Jones no proporcionó una respuesta.
Los tres partidos de oposición argumentan que la ley debería ser derogada, o al menos el gobierno debería ser transparente sobre cómo afecta a los pacientes y sus familias. El crítico de cuidado a largo plazo del Partido Liberal, John Fraser, señaló que debería existir un proceso de apelación y que las personas no deberían sentirse impotentes. Según él, el gobierno está actuando de manera incorrecta y está ocultando información.
Cerca de 300 pacientes han sido trasladados a hogares de cuidado a largo plazo que no eligieron bajo esta ley, que tiene como objetivo liberar espacio hospitalario tan necesario. Los pacientes pueden ser ubicados en hogares de ancianos hasta 70 km de distancia, o 150 km si se encuentran en el norte de Ontario, si hay espacio disponible allí primero. Los siete individuos multados bajo esta ley se habrían negado a abandonar el hospital.