El presidente surcoreano destituido, Yoon Suk Yeol, compareció ante el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl para oponerse a su arresto formal tras la declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Yoon fue detenido el miércoles anterior, convirtiéndose en el primer presidente en funciones de Corea del Sur arrestado en una investigación criminal.
Durante la audiencia, que se extendió por casi cinco horas, Yoon defendió la legitimidad de su decreto de ley marcial, argumentando que fue una medida necesaria para mantener el orden público. Sus abogados sostienen que la declaración fue un ejercicio legítimo de sus poderes presidenciales y que las acusaciones de insurrección no tienen fundamento legal.
Miles de simpatizantes de Yoon se congregaron en las afueras del tribunal, coreando consignas como «liberen al presidente». Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la policía, resultando en la detención de varios individuos que intentaron ingresar por la fuerza al recinto judicial.
La fiscalía solicitó una orden de arresto formal para extender la detención de Yoon hasta por 20 días adicionales, citando su negativa previa a cooperar con las investigaciones. Si se aprueba la orden, Yoon podría permanecer bajo custodia durante la investigación y enfrentar cargos formales de insurrección, uno de los pocos delitos que no otorgan inmunidad a un presidente en funciones en Corea del Sur.
La decisión del tribunal sobre la orden de arresto se espera para el sábado o domingo. Este caso ha polarizado aún más a la sociedad surcoreana, con manifestaciones tanto a favor como en contra de Yoon, reflejando una profunda división política en el país.