
THE LATIN VOX (24 de enero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
Italia se encuentra en el centro de una polémica internacional tras la repatriación de Osama Najim, un alto oficial libio acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El hombre, también conocido como Almasri, fue detenido el pasado domingo en Turín bajo una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), pero fue liberado dos días después por un “vicio procesal” y rápidamente enviado de regreso a Libia en un vuelo oficial.
El Ministerio del Interior italiano justificó esta decisión alegando que Najim representaba un “peligro social”, pero esta explicación no ha sido aceptada por la CPI ni por varios sectores de la política italiana.
Najim, quien ocupa el cargo de jefe de la policía judicial en Libia, es señalado por la CPI por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad ocurridos en la prisión de Mitiga, cerca de Trípoli, conocida por las organizaciones de derechos humanos por la tortura y el abuso de prisioneros, incluyendo disidentes políticos, migrantes y refugiados.
Además de su implicación en estos delitos, Najim es acusado de violación y asesinato, lo que lo ha convertido en una figura clave en las investigaciones internacionales sobre las violaciones de derechos humanos en Libia.
El gobierno italiano, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, justificó su actuación mediante declaraciones del ministro del Interior, Matteo Piantedosi, quien señaló que la decisión de liberar a Najim y repatriarlo fue tomada por razones de seguridad estatal.
Piantedosi argumentó que, dado que el arresto de Najim no cumplía con los procedimientos legales establecidos, se adoptó una orden de expulsión basada en la «peligrosidad social» del acusado.
La respuesta internacional a esta decisión ha sido tajante. La CPI expresó su desacuerdo, calificando la repatriación de Najim como una violación de los procedimientos legales internacionales, dado que no se consultó con el tribunal antes de liberar al acusado.
En un comunicado, la corte afirmó que la liberación de Najim fue un acto unilateral que contravino las normas internacionales, lo que ha generado tensiones diplomáticas entre Italia y el tribunal con sede en La Haya.
Tensiones políticas en Italia
La decisión del gobierno italiano ha generado una intensa controversia política en el país. La oposición ha cuestionado la actuación de Meloni y Piantedosi, acusándolos de tomar decisiones políticas en lugar de cumplir con los procedimientos judiciales establecidos.
El senador Giuseppe De Cristofaro, del partido Alianza Verde-Izquierda, criticó duramente al ejecutivo, afirmando que la liberación de Najim es un acto que ha «sumido al país en la vergüenza», subrayando que la «decisión política» del gobierno está por encima de la justicia internacional.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, minimizó las objeciones de la CPI, argumentando que «Italia es un país soberano» y que «no necesitamos que la Corte Penal Internacional nos dicte lo que debemos hacer».
En sus declaraciones, Tajani restó importancia a las críticas de la CPI, considerando que el tribunal «no es la palabra de Dios ni la fuente de toda la verdad».
Un contexto complejo: La relación entre Italia y Libia
Este incidente ocurre en un contexto de creciente cooperación entre Italia y Libia, particularmente en lo que respecta al control de la migración. El gobierno de Meloni depende en gran medida de las fuerzas de seguridad libias para frenar el flujo de migrantes que intentan cruzar el mar Mediterráneo en dirección a las costas italianas. La repatriación de Najim podría estar vinculada a este interés estratégico, ya que Libia juega un papel crucial en el control de las rutas migratorias hacia Europa.
Sin embargo, la situación plantea preguntas incómodas sobre el respeto a los derechos humanos y el papel de Italia en la protección de los principios internacionales en un contexto en el que sus propios intereses políticos y de seguridad parecen primar sobre el cumplimiento de la justicia internacional.
Repercusiones a nivel internacional
El caso también pone de relieve las tensiones entre las autoridades nacionales y las instituciones internacionales en la lucha contra los crímenes de guerra. Mientras que la CPI ha insistido en que los crímenes cometidos por Najim deben ser investigados y procesados, Italia parece priorizar sus relaciones bilaterales con Libia y la seguridad interna, lo que podría tener repercusiones en su reputación en la comunidad internacional.
A medida que la situación se desarrolla, queda claro que el incidente ha abierto un debate más amplio sobre la cooperación internacional en la lucha contra los crímenes de guerra y la responsabilidad de los Estados de adherirse a los compromisos internacionales. Sin duda, este caso pondrá a prueba la relación de Italia con la Corte Penal Internacional y su capacidad para equilibrar la seguridad interna con el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional.
Crédito fotográfico: Arab News