
THE LATIN VOX (4 de febrero del 2024).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Tras casi tres años de intensas discusiones legales y diplomáticas, la creación de un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión cometido por Rusia en Ucrania ha dado un paso significativo, según anunciaron este martes representantes de la Unión Europea (UE).
Este avance es visto como un hito crucial en los esfuerzos internacionales por responsabilizar al presidente Vladimir Putin y a otros líderes rusos por la invasión a gran escala de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.
El tribunal fue propuesto inicialmente por Ucrania pocos días después del inicio del conflicto, pero la falta de consenso sobre el marco legal adecuado había retrasado la creación de un tribunal específico.
Según Kaja Kallas, jefa de la política exterior de la UE, no cabe duda de que Putin ha cometido el crimen de agresión al decidir atacar a otro país, lo que ha desencadenado una serie de horrores en el terreno, como asesinatos, ataques a infraestructuras civiles y violaciones.
Kallas destacó que, más allá de la importancia de hacer justicia, la creación de este tribunal también tiene un componente estratégico, ya que se busca presionar a Putin y a su régimen para que pongan fin al conflicto. Además, es un mensaje claro a otros posibles agresores de que las consecuencias por la invasión de países soberanos serán graves.
Aunque la creación del tribunal ha sido respaldada por un grupo de 38 países, las negociaciones se vieron empañadas por la cuestión de la inmunidad de Putin y otros altos funcionarios rusos. Finalmente, se acordó que los líderes rusos no serán procesados mientras estén en funciones, un compromiso que permitió desbloquear las conversaciones.
En paralelo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha expresado su disposición a sentarse a negociar directamente con Putin para poner fin a la guerra. Sin embargo, aclaró que cualquier encuentro debería incluir a otros participantes, y señaló que la paz debe ser justa, sin concesiones que permitan a los agresores eludir la responsabilidad.
Zelenskyy también hizo públicos los devastadores números de víctimas del conflicto, con más de 45,000 muertos y 390,000 heridos en Ucrania, mientras que las bajas rusas se estiman en alrededor de 350,000, con cientos de miles más de heridos.
El Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, ha emitido órdenes de arresto contra Putin y otros altos funcionarios rusos por el secuestro de niños ucranianos, pero no tiene jurisdicción para juzgar el crimen de agresión, ya que Rusia no ha ratificado el tratado del TPI.
Otra opción, la enmienda del Estatuto de Roma del TPI, ha sido discutida, pero muchos expertos consideran que esta sería una opción poco viable, dada la negativa de varios países a someterse a la jurisdicción del tribunal en lo relativo al crimen de agresión.
La presión de la comunidad internacional ha sido constante, con figuras destacadas como la laureada ucraniana Oleksandra Matviichuk, quien instó a la creación urgente del tribunal como una herramienta disuasoria para evitar más atrocidades por parte de las fuerzas rusas.
El Consejo de Europa (CoE), que expulsó a Rusia tras la invasión, ha ofrecido albergar el tribunal, y su secretario general, Alain Berset, expresó su esperanza de que los trabajos para redactar el texto que establezca el tribunal concluyan este año.
Sin embargo, Berset también destacó que el éxito de la iniciativa dependerá del apoyo de potencias clave, especialmente el de los países del G7, lo que deja abierta la incertidumbre sobre el papel que jugará Estados Unidos en la futura dinámica del tribunal.
Mientras tanto, el Consejo de Europa también está explorando opciones para exigir a Rusia una compensación por los daños causados a Ucrania, una iniciativa que podría sumarse a las ya en marcha para hacer rendir cuentas al agresor.
El desarrollo de este tribunal, en un contexto tan incierto, representa no solo una victoria en términos de justicia para las víctimas de la invasión, sino también un fuerte mensaje a la comunidad internacional sobre la necesidad de rendir cuentas a aquellos que desafían las normas fundamentales del derecho internacional.
Crédito fotográfico: Olivier Matthys/EPA